Priscila Corsi ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S A, en la que participa, recibió contratos del Estado por $70.976 MM.
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Gonzalo Greene ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa PINNACLE CHILE SPA, en la que participa, recibió contratos del Estado por $18.635 MM.
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Miguel Ángel Mora ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa RISE CONSULTORES SPA, en la que participa, recibió contratos del Estado por $768,3 M.
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Romina Martínez ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa QUECALL INFORMATICA SPA, en la que participa, recibió contratos del Estado por $660,2 M.
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Loreto Orellana ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa QUECALL INFORMATICA SPA, en la que participa, recibió contratos del Estado por $660,2 M.
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Jaime Arenas ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa APPIA CHILE SPA, en la que participa, recibió contratos del Estado por $15,3 M.
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Daniel López Marquez ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa SOFTCENTER INGENIERÍA COMPUTACIONAL Y MARKETING DIGITAL SPA, en la que participa, recibió contratos del Estado por $14,2 M.
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Alex Rodrigo Araya Lillo ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa Colegio de Periodistas de Chile, en la que participa, recibió contratos del Estado por $8,9 M.
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Romina Martínez ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa Fundación Asesorías Educacionales Panal, en la que participa, recibió contratos del Estado por $8,8 M.
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Oscar Acevedo ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa CONSULTORA Y ASESORÍAS JURÍDICAS OSCAR ACEVEDO CORIA E.I.R.L., en la que participa, recibió contratos del Estado por $6,6 M.
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Alex Dieter Werkmeister Galleguillos ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa CONSTRUCTORA MIRANDA Y WERKMEISTER LIMITADA, en la que participa, recibió contratos del Estado por $6,2 M.
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José Manuel Astorga Lanas ejerce cargo en SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN; la empresa Agricola El Maiten, en la que participa, recibió contratos del Estado por $2,9 M.
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Tordo muestra hechos registrados en fuentes públicas, cada uno enlazado a su origen. No emite juicios ni califica conductas. Sobre los datos y la metodología.